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Subida de un 25% en el precio de comedor en centros públicos y recorte en el servicio a transportados y becados
NOTA DE PRENSA SOBRE COMEDORES ESCOLARES.
FAPAR quiere manifestar, una vez más, el rechazo absoluto a la política de recorte y mercantilización que el gobierno de la Sra Rudi está implantando en educación en nuestra Comunidad. Volvemos a recordar a nuestros gobernantes que la educación NO ES UN NEGOCIO. Acaban de enviarse a los centros educativos las instrucciones que regulan el servicio complementario de comedor en los centros públicos (los concertados siguen ajenos a cualquier norma reguladora), lo que nos lleva a declarar:
– Es inaceptable que se suba casi un 25% el precio del comedor tanto en la cuota mensual como en los días sueltos. Esta medida afectará a más de 31.000 familias, a las que se convierte, una vez más, en meras pagadoras de servicios educativos, que aunque complementarios son imprescindibles para numerosas familias que con estos precios no podrán hacer uso de los mismos.
– Es inaceptable que se plantee que se ha incrementado la partida para becas a costa de las familias que son usuarias del servicio de comedor, por cuanto la Administración está haciendo dejación de sus responsabilidad para atender las necesidades de los más desfavorecidos, siendo que además, excluye a los becados de este servicio en los meses de septiembre y junio y que, además, no garantiza la atención a todas las familias, que reuniendo los requisitos fijados por el propio Departamento no podrán acceder a la beca.
– Es inaceptable que se excluya a los transportados, más de 2.700, del servicio de comedor los meses de septiembre y junio, vulnerando un derecho recogido en la LOE en su artículo 82.2, que garantiza el transporte y el comedor de forma gratuita, sin ligarlo a la jornada lectiva.
– Es inaceptable, que nuevamente, se ningunee a FAPAR, como representantes de las familias, a quienes no se nos han informado de estas medidas.
Este Gobierno ataca frontalmente a la Educación, pues no entiende lo que es un servicio educativo, a la Escuela Pública, pues no entiende que ella es su patronal y a la Escuela Rural pues por más que la Consejera se harte de decir que sus medidas no van a afectarla, sus hechos van en dirección opuesta a sus dichos. Con esta medida pone en riesgo el funcionamiento de muchos comedores escolares rurales que no pueden garantizar su apertura en septiembre ni en junio, lo que repercutirá negativamente en la conciliación de muchas familias, pondrá en riesgo el puesto de trabajo de monitoras y empeorará la calidad de vida de muchos niños que llegarán tarde a sus casas a comer.
Es evidente que las familias, y en particular, las familias del medio rural, contamos muy poco para este Gobierno y para esta Consejería, que mide su política en parámetros de rentabilidad económica y de negocio educativo, generando una vez más diferencias sustanciales entre los ciudadanos en función del centro que elijan y la ubicación geográfica en que residan.
Zaragoza, 13 de junio de 2012
FAPAR
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