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A propósito de la Ley Orgánica de Educación.
Tras la LOGSE, tan revolucionaria y utópica en sus objetivos y tan maltratada por una Administración que la abandonó sin aplicarla; tras la mal llamada Ley de Calidad, con un marcado carácter ideológico, que suponía la consagración de una idea de calidad vinculada a la segregación de los alumnos desfavorecidos y al deterioro de la red pública, ya aparece, por fortuna, otra norma educativa, la LOE, que esperamos sea un instrumento que haga realidad el mandato constitucional (y humano) de garantizar a todos el derecho real a la educación
El proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) es una ley de progreso y consenso basada en una educación de calidad para todos, que respeta el principio de igualdad de oportunidades, y corresponsabiliza a todos los sectores educativos. Y lo es porque retoma el principio de equidad y recupera el verdadero contenido de la palabra esfuerzo para exigirlo al alumnado, y también a las familias, al profesorado, a la sociedad en general, pero partiendo de la diversidad del alumnado y las necesidades que cada cual precisa. También nos devuelve la participación a las familias, que nos negaba la LOCE, en su doble ámbito, individual y colectivo. La mejora de los rendimientos escolares para todo el alumnado sin excepción es otro objetivo fundamental de esta ley, con medidas reales de apoyo y refuerzos tanto en la educación primaria como en la secundaria, o la escolarización temprana de todo el alumnado. Se refuerza la educación en valores con la introducción de una nueva asignatura llamada educación para la ciudadanía como instrumento para intentar transmitir a todos los alumnos los valores constitucionales y de derechos humanos que nos son comunes a todos y deben configurar los verdaderos fundamentos de nuestra sociedad.
A pesar de todo esto, nosotros entendemos que la LOE es una ley moderada que ordena el panorama legislativo, manteniendo aspectos de las anteriores leyes e incorporando nuevas medidas para dar respuesta a las nuevas necesidades educativas. Entendemos que es una ley con voluntad de consenso porque aspira a conseguir la estabilidad que la sociedad demanda. Pero en la búsqueda de ese consenso mantiene los privilegios de la Iglesia Católica derivados del Concordato, como la enseñanza de religión dentro del horario lectivo, asume la financiación de la educación infantil, o el reconocimiento de la red concertada en plano de igualdad con la pública. Y es precisamente en estas concesiones que la ley hace a la Iglesia católica en las que nuestra Federación discrepa más abiertamente. Entendemos que mantener la asignatura de religión dentro del horario lectivo asegura el respeto a la libertad de credo para quienes son religiosos pero no para las familias que no desean para sus hijos e hijas una formación religiosa y a los que se les impone una obligación con una alternativa que lo es exclusivamente porque otros ejercitan un derecho.
La configuración de la educación como un derecho para todos lleva consigo el deber correlativo del Estado para garantizar su satisfacción y ejercicio. Y eso sólo se consigue a través de un sistema de enseñanza público. Por ello, la escuela pública debe ser el eje vertebrador de nuestro sistema educativo porque es la única que garantiza, hoy día, la escolarización de todo tipo de alumnado en cualquier lugar que viva.
Y sin embargo, a pesar de las concesiones reseñadas, la Iglesia Católica está encabezando la ofensiva contra la Ley, utilizando todos los resortes a su alcance (profesorado de religión, púlpitos de las parroquias, medios de comunicación propios y afines, …) bajo la recurrente idea de que no se garantiza la libertad de elección de enseñanza de las familias. En el fondo lo que pretende es que el Estado no ejerza el control sobre los centros concertados a los que financia, para poder seguir manteniendo algunas de las actuaciones de las que viene disfrutando, tales como el cobro de cuotas a las familias, que permite una doble financiación y una primera selección del alumnado; igualmente, les gustaría poder eliminar la reserva de plazas para la escolarización del alumnado desfavorecido, y ya, dando un paso más, admitir o rechazar los alumnos directamente.
En definitiva, esta Ley, moderada en muchos aspectos, merece nuestro apoyo, por cuanto con todas las dificultades que de este propio artículo se desprenden, puede suponer un punto de encuentro con esa parte de las familias que prefieren la enseñanza concertada para sus hijos pero que no hacen de ello un prejuicio ideológico o religioso y que no son ajenas a la necesidad de que la red pública garantice a todos el derecho a una educación que tenga por objeto el pleno desarrollo de su personalidad. Pues a estas alturas, tras tantas leyes, empezamos a pensar que la ¿paz educativa? puede ser un valor en sí mismo para beneficio de todos. Lástima que los Obispos no lo entiendan así y, temerosos de perder su maquinaria de adoctrinamiento e influencia, se empeñen en movilizar a muchas familias que, creyendo que lo hacen en defensa de un derecho, saldrán –ojalá no- a manifestarse en defensa de un privilegio.
Teresa Paniello Jiménez
Presidenta de FAPAR
* Articulo publicado en Heraldo de Aragón el día 6 de Noviembre
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