Yo delinco por el cole de mis niños

Cometen fraudes. Falsifican la declaración de la renta. Alquilan pisos tapadera o se empadronan en casa de amigos para que no les puedan seguir el rastro. Simulan padecer minusvalías. Inventan partes de enfermedad crónica para sus hijos. Se divorcian para despistar. Y cada vez son más.María, madre de cuatro hijos, 36 años, arquitecta, ha hecho alguna de estas cosas. ¿Es una delincuente? Para la justicia, sí. Ha burlado la ley para que sus hijos vayan al colegio concertado que ella quiere. O para garantizarles una educación religiosa, y no laica como la pública. «Sin pagar dinero van a tener el mismo nivel que en un privado».A María no la han pillado.

La mayor de sus hijos ya tiene pupitre en uno de los mejores centros de Madrid. Un lugar que pertenecía a otro niño. Algunos, por lo mismo que ha hecho ella, han sido hasta condenados a prisión. Porque son cientos los padres que cada año juegan -unos con cartones marcados- a este bingo: ¿A qué colegio irá mi hijo: privado, público o concertado? Lo primero es cuestión de desembolsar unos 6.000 euros anuales. Los dos últimos no tanto: la última palabra no la tiene sólo el bolsillo del padre. O reúnes los requisitos que barema la Ley Orgánica de Educación (LOE, art. 84) o no entras.Algunos padres no se resignan. Se la juegan. Seis meses de cárcel y multa es el precio que le toca pagar (sentencia del 10 de junio) a una valenciana de 40 años. Los Maristas iba a ser el colegio de su hijo. Para franquear sus puertas presentó un certificado (falso) de minusvalía.Falsificar los formularios de cotización a la Seguridad Social es otra de las artimañas.
Ya en 2001, un padre del barrio Las Letanías de Sevilla se autocontrató en una empresa para matricular a su hijo en San Miguel de Adoratrices. El colegio llamó a la entidad para verificarlo. Condenado a seis meses de cárcel.Hermanos en el mismo centro, proximidad de trabajo o domicilio, renta, discapacidad, familia numerosa o monoparental y enfermedad crónica del niño son requisitos que fijan las comunidades para el proceso de selección. O meros baches que saltar para algunos.María sabía que su hija no iba a estar dentro de las listas. Además, su amiga Belén lo había hecho. ¿Por qué ella no podía falsificar un par de papeles? Sólo había que seguir sus instrucciones. Y Belén no está arrepentida: «Además de ir a un cole de familias de toda la vida, te sale igual de precio que uno público».Ingresar menos de 6.000 euros por hijo significa uno o dos puntos. Vivir cerca del colegio, dos o cuatro. La renta es fácil de falsificar. Ella y su marido se convertirían en una familia con un nivel económico bajo. Y vivirían donde una amiga, con domicilio junto al colegio, para sumar los puntos de proximidad. Manos a la obra. Primero llamar a esa amiga. ¿Podría empadronarse allí? Sí. Segundo, falsificar la renta. Belén le explicó: «Rellenas la documentación reduciendo los ingresos para conseguir los puntos. Y la entregas a Hacienda. Luego haces otra poniendo los ingresos complementarios, y también la entregas. Entre las dos suman tu renta real. Al colegio le das sólo la primera». Y así, trampeando,
María logró que su hija entrara, ganando en la carrera, entre otros, a varios amigos suyos. «Aún no puedo sacar el tema con ellos. Acabamos discutiendo…».La educación que María quiere para sus hijos pivota sobre dos conceptos: religión y familia. No le gustan los colegios públicos: «No se conoce de donde vienen los compañeros, y las buenas amistades perduran si hay una educación similar. Además, los profesores son funcionarios desmotivados al depender del Estado y no poder tomar iniciativas». Tampoco le convencen los privados: «Los niños tienen más tren de vida que los nuestros. Las familias prefieren tener dos hijos y poder pagar los gastos, altísimos. Nosotros preferimos más familia, aunque los niños vayan vestidos de Continente, y educarles en austeridad».

La Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ceapa) tiene una visión diferente de los colegios concertados: «En las comunidades del PP y Euskadi hay un punto de libre elección en el baremo. A veces es económico y discrimina a familias de nivel económico bajo y a inmigrantes».Sea como fuere, los padres tramposos son legión. Encabeza la lista, con 500 solicitudes de escolarización falsas el año pasado, Extremadura. En Andalucía, sólo en Sevilla hubo 234 casos (este año ya se han presentado 731 denuncias, en su mayoría de padres contra otros). En Aragón, 17, en Valencia, 16…
Según Pilar Triguero, presidenta de la Confederación de Padres de Centros Públicos de Andalucía, el fraude es más visible en CC.AA., como la suya, donde el 79% de los colegios son públicos. «Los padres prefieren un concertado por religión y ambiente. Pero la enseñanza no la da el uniforme. En los públicos los profesores tienen que pasar oposiciones, en otros no».Marcos detectó 10 fraudes el año pasado en un solo colegio. Es granadino y asesor de empresas. Al lado de su casa tiene un centro concertado. Este año no ha podido matricular a la pequeña. ¿Razón? La mayor no cuenta para puntos, porque ha cursado un año de carácter privado. «No puedo llevar a una niña a un colegio y a otra a otro». La Delegación de Educación le recomendó investigar si los demás padres habían cometido fraudes. Así tendría un hueco para la niña. Marcos copió la lista con los domicilios y fue a preguntar a los vecinos: ¿Viven realmente aquí estos señores? No. Presentó el informe al colegio, que deberá enviarlo al ayuntamiento para que la Policía lo verifique.Los hay que cobran por espiar a familias como Marcos. 1.800 euros por seguimiento. José María Romero es uno de ellos. Es de la Asociación Profesional de Detectives Privados. «Cada uno tenemos nuestros trucos. Yo suelo esperar en el coche y observo. Pero hay quienes llaman al timbre y dicen que preparan una encuesta…». Sus informes, luego, han de ser verificados por la policía.El hijo de Luis ve desde su ventana las instalaciones del María Auxiliadora de Sevilla. Donde Luis siempre había querido llevarle. Fallo: su renta es mayor que la de otros padres. Pero no puede pagar un privado. «¿Tengo que pedir perdón por ser de clase media?». Junto al centro donde tendrá que estudiar su hijo, en un polígono industrial, viven, dice, «drogadictos que venden su mierda por la zona. No quiero que mi hijo estudie con hijos de drogatas y gitanos, si es necesario falsearé mi renta, me mudaré de casa o me cortaré un dedo para buscar una minusvalía con tal de que mi hijo vaya al centro religioso que quiero».Otros han optado por la vía jurídica. Es el caso de Francisco Monedero, un padre sevillano que considera la ley andaluza discriminatoria (equipara en puntos la familia numerosa con la monoparental). Si su demanda prospera, estarían en jaque los 20.000 alumnos andaluces ya asignados a sus centros.