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El modelo educativo para FAPAR
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La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de centros públicos de Aragón “Juan de Lanuza”, FAPAR, tiene entre sus objetivos principales los siguientes:
• La escolarización gratuita de 0 a 18 años dentro de la red pública de quienes lo deseen.
• La plena gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios, incluyendo las actividades complementarias y extraescolares, los libros y el material escolar, y los servicios de comedor y transporte. Para ello es necesaria una oferta suficiente de puestos escolares públicos y gratuitos en los niveles no obligatorios.
• Una escuela participativa, gestionada democráticamente con intervención de las familias, los alumnos y alumnas y de sus asociaciones, así como el control de los demás sectores afectados por la educación.
• Que los alumnos y las alumnas reciban una educación humanista, científica y emocional, de calidad, orientada al pleno desarrollo de su personalidad, al fomento de hábitos intelectuales y de trabajo y con espíritu crítico.
• Que la actividad educativa forme en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en los valores de la paz y solidaridad y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad.
• Una educación que capacite para el ejercicio de una profesión o para la continuación de estudios superiores, el disfrute del ocio, y facilite la inserción social y laboral que establece nuestra Constitución.
• Una educación planificada, gestionada y controlada por las Comunidades Autónomas conforme establece la Constitución y el desarrollo de los Estatutos de Autonomía y dentro del marco de una programación general de la enseñanza para todo el territorio español.
• Una escuela laica alejada de cualquier tipo de adoctrinamiento
• Una escuela alegre y divertida para nuestros hijos e hijas.
• Una escuela moderna, en consonancia con las demandas de la actual sociedad, en la que se desarrollen desde el inicio del aprendizaje, conocimientos en las nuevas tecnologías, en otras lenguas y una educación multicultural.
El cumplimiento de estos objetivos ha de garantizarse en cualquier Ley educativa que se apruebe. Por eso desde esta Federación rechazamos la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y confiamos en su inminente derogación. Mientras tanto, nuestra Federación aboga por un modelo educativo que contemple los siguientes aspectos.
El modelo educativo de FAPAR es un modelo público y por ello la red concertada debe ser subsidiaria. La prioridad de cualquier Administración, por lo tanto, debe ser la Escuela Pública.
Uno de los hechos más evidentes en los últimos 30 años es la multitud de leyes educativas que se han sucedido y que han generado inestabilidad legislativa y social (LODE -1985-, LOGSE -1990-, LOPEG -1995-, LOCE -2002-, LOE -2006-y LOMCE -2013-), además de incrementar los gastos a las familias. Esta inestabilidad, en la que coinciden todas las organizaciones políticas, sindicales, de familias y de estudiantes, no contribuye a nuestro progreso educativo y por esta razón, desde FAPAR pedimos que se priorice conseguir un Pacto Estatal de Educación. Somos tan conscientes de su necesidad como de su dificultad. Los antecedentes impulsados en el año 2010 por el entonces ministro de Educación, que consiguió poner de acuerdo a todos los sectores para comprometerse en un Pacto por la Educación aunque finalmente este no se culminase por la negativa del PP ante las inminentes elecciones, nos hacen pensar que es posible. Ese pacto debe servir para dar un impulso decidido a la Escuela Pública garantizando los recursos suficientes.
Para FAPAR la calidad del sistema educativo no puede garantizarse sin equidad, concepto al que necesariamente debe ir ligado cualquier Pacto estatal, Ley o reforma educativa, buscando el éxito de todos y no sólo la excelencia de unos pocos. No es suficiente una declaración de buenas intenciones, sino que es necesaria una voluntad política decidida para llevar a la práctica las soluciones más urgentes a los problemas del sistema educativo. La equidad no solo debe garantizarse en el acceso al puesto escolar, sino en su continuidad y para ello es imprescindible que las enseñanzas básicas y obligatorias sean gratuitas
Por otra parte el éxito de un sistema educativo de todos debe pasar por su logro entre todos, lo que implica inexcusablemente la intervención de las familias, que demandamos reconocimiento y cauces para una participación efectiva y real, compatible y complementaria con la colaboración y el compromiso en el seguimiento de la evolución de nuestros hijos e hijas.
Nuestro modelo educativo ha de contener propuestas que a nosotros nos parecen irrenunciables para una mejora en la Escuela Pública y en la formación de nuestros hijos e hijas, entre las que destacamos las siguientes.
La red pública es el eje vertebrador del sistema educativo porque es el que garantiza una educación de calidad en todos los rincones de nuestro territorio. El impulso dado a las nuevas construcciones en la última década se ha visto frenado los últimos años y se hace necesario retomarlo. Es urgente la planificación de nuevas construcciones públicas que garantice:
• Una oferta suficiente de plazas escolares públicas en todos los niveles educativos, especialmente en las zonas urbanísticas de nueva expansión de los núcleos urbanos y en los niveles de Secundaria y Bachillerato que se han visto notablemente incrementados en la última década en los niveles inferiores.
• La dignificación y modernización de colegios públicos ya existentes, especialmente en el medio rural, muy envejecidos y deteriorados y que requieren de remodelaciones o sustituciones para dignificar las escuelas de los pueblos.
• Un impulso a la Formación Profesional que garantice una oferta adecuada en los actuales centros públicos.
Es imprescindible una legislación y sensibilización especial con la escuela rural y de pequeños núcleos urbanos por su singular naturaleza, aplicando la discriminación positiva en caso de resultar conveniente, que cubra adecuadamente la necesidad educativa de los pueblos y que contribuya a evitar la despoblación de los mismos.
No podemos perder de vista la importancia que tiene una pronta escolarización del niño entre 0 y 3 años que contribuye no solo a facilitar la conciliación laboral y familiar de padres y madres, sino a asentar bases de un desarrollo posterior más exitoso. Sigue siendo insuficiente la oferta pública existente en esta etapa educativa. Además se hace imprescindible la unificación de una normativa común que garantice la calidad y el precio en el acceso y en los servicios en todo el territorio aragonés.
La escolarización en general y la escolarización equilibrada en particular han sido y siguen siendo una preocupación y reivindicación constante de FAPAR. Las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en este sentido, nos hacen seguir en el empeño de conseguir la corresponsabilidad de todos los centros que reciben financiación pública en la atención a todo tipo de alumnado. Por ello consideramos que:
• La distribución equilibrada debe desarrollarse en el Decreto y Orden posterior que regulan los procesos de admisión de alumnado en Aragón.
• Se debe garantizar esa distribución fijando unos porcentajes de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por aula en todos los centros tomando como referencia el porcentaje de habitantes con estas necesidades en el entorno de los mismos..
• Se deben arbitrar medidas de reservas de plaza para este alumnado a lo largo de toda la escolarización en el centro.
• Se deben implantar medidas de discriminación positiva en centros que actualmente acogen a porcentajes elevados de población escolar con distintas dificultades de aprendizaje, con programas específicos, dotación suficiente de personal, ratios más bajas, etc….
• La Administración debe garantizar el cumplimiento de la Ley en los conciertos y en caso contrario proceder a la retirada de los mismos.
• No se pueden ampliar conciertos cuando existan plazas públicas suficientes en el entorno.
• Cuando la disminución demográfica implica una disminución en la oferta de plazas educativas la supresión de la oferta debe de ser en la red concertada ya que esta red siempre debe de ser subsidiaria de la red pública.
• Se debe reestructurar y ampliar el mapa de zonificación de la ciudad de Zaragoza al haber quedado desfasado por el crecimiento de la ciudad y haberse demostrado insuficiente la actual zonificación.
• Hay que revisar el actual Decreto de admisión para, entre otras cuestiones, priorizar la proximidad del centro al domicilio familiar.
El fracaso escolar es una preocupación general de las familias que FAPAR traslada permanentemente a nuestras Administraciones educativas y que se fragua en la etapa Primaria manifestándose con toda su crudeza en la de Secundaria. Debemos asumir el logro del éxito escolar del alumnado como un reto y no como una utopía y para ello es necesario modificar algunos aspectos de nuestro actual sistema educativo, tales como:
- Hay que considerar el currículo de Primaria como integral, no fragmentado y considerando toda la etapa común a todo el alumnado, en el que el libro de texto sea una herramienta más, pero no la única, ni siquiera la más importante.
- Establecer ratios en función de las características del alumnado para poder desarrollar una atención individualizada.
- Garantizar que los centros dispondrán de profesorado necesario, suficiente y con cualificación adecuada en los cursos escolares, en todas las materias, fomentando desdobles y grupos flexibles, especialmente en Secundaria.
- Garantizar una formación común hasta los 16 años, sin itinerarios segregadores ni diferencias para garantizar el principio compensador de la Escuela.
- Planificar una oferta educativa acorde a las necesidades actuales donde los programas de bilingüismo y nuevas tecnologías lleguen a todos los centros.
- Generalizar los Programas de Atención a la Diversidad a todos los centros. La Atención a la Diversidad contemplada por la LOMCE nos preocupa de forma particular, por lo que en lo que a desarrollo autonómico compete, exigimos a nuestro Departamento de Educación que regule programas que garanticen la atención y titulación a todo el alumnado.
- Garantizar el proceso de evaluación continua, minimizando, mientras se deroga la LOMCE, los perniciosos efectos que puede tener la implantación de pruebas
individualizadas externas y poniendo el mayor énfasis en los planes de mejora de los centros. Asegurar programas de repaso generalizado en todos los centros por las tardes, que ofrezcan calidad y fiabilidad, para aquellos alumnos que tienen dificultades desde el inicio del curso, como alternativa a los repasos individuales y que, por tanto, respondan a una necesidad educativa. - Modificar las actuales metodologías de enseñanza-aprendizaje
- Garantizar la continuidad del profesorado en los cursos de Primaria y en los Programas de Secundaria
- Coordinar las transiciones entre las diferentes etapas educativas (Infantil y Primaria, Primaria y Secundaria; Secundaria y Bachillerato o Ciclos formativos)
- Cubrir las bajas del profesorado
- Incentivar el medio rural, potenciando la permanencia en el mismo y asegurando que permanecen en el mismo centro ciclos completos en Primaria y garantizando que se cubrirán las bajas de forma inmediata sin tener más de dos profesores por curso escolar
- Asegurar una atención personalizada al alumnado
- Revisar el actual sistema de tutorías, definiendo el perfil del tutor, asegurando la atención a las familias con flexibilización del horario establecido para las mismas, garantizando que el tutor sea siempre el profesor con más tiempo de dedicación a la clase.
Numerosos estudios coinciden en señalar que la participación de las familias en el proceso formativo de sus hijos e hijas es una de las claves del éxito escolar. Para FAPAR el desarrollo y la garantía de una participación activa de las familias es una constante en sus reivindicaciones, por cuanto consideramos que debe fomentarse, ampliando los cauces para ello y estableciendo herramientas adecuadas que la faciliten. Sin embargo no se debe confundir la participación con la mera colaboración que se solicita de las familias y la recepción pasiva que muchas veces recibimos de información relativa a la evolución académica de nuestros hijos e hijas.
• Modificar el actual sistema de mayorías cualificadas en los Consejos Escolares, Pese a que la LOMCE anula toda capacidad decisoria al consejo escolar de centro para atribuírsela en exclusiva al director o directora, nosotros seguimos considerándolo el principal órgano de participación de la comunidad educativa. Es necesario fomentar la cultura del consenso y esto es muy difícil cuando las familias estamos en minoría y se adoptan medidas que nos afectan directamente sin nuestra opinión y directamente en contra de la misma, olvidando que somos las usuarias de un servicio público como es la educación
• Garantizar la participación de las familias en la selección de directores de los centros. Está pendiente el desarrollo de la LOMCE en Aragón en este sentido, si bien la normativa ya deja claro que el 51% de la composición de la comisión encargada de esta selección corresponde exclusivamente a la Administración. Sin embargo las familias seguiremos demandando no sólo la modificación de estos porcentajes, sino nuestra presencia en dichas comisiones.
• Incluir la importancia que las familias tenemos en las instrucciones de inicio de curso escolar, donde se establezcan tutorías grupales trimestrales, se garantice nuestra participación en todas las actividades del centro y se favorezca la relación entre familias recién llegadas al centro.
• Es obligación de la Administración crear cauces de participación para las familias y facilitar e impulsar la formación de las madres y padres a través de las Federaciones para que puedan ejercer con responsabilidad su derecho a la participación activa en los centros.
• Asegurar la presencia de representantes de las APAS en las visitas que los inspectores efectúen a los centros, garantizando así una visión global de la vida del centro.
• Crear una mesa autonómica de participación, que realice el seguimiento de los acuerdos adoptados tanto en el nivel de la participación como en otros.
• Crear comisiones de trabajo en los centros escolares que aborden temas como la convivencia, los comedores escolares, evaluaciones, programas, servicios, etc…
• Crear una estructura de participación a nivel provincial, que nos posibilite el traslado de las demandas de las APAS a los directores provinciales y que éstos nos informen de las actuaciones del DE en cada provincia.
La convivencia es clave para el buen funcionamiento de un centro. Aprender a relacionarse, a superar las dificultades, a solucionar los problemas, forma parte del proceso de aprendizaje del alumnado y es un indicativo que aparece reiteradamente en los informes sobre educación. En Aragón fuimos pioneros en la firma de un Acuerdo de Convivencia en el año 2008 en el que participamos todos los miembros de la comunidad educativa. Los avances logrados en esta materia han sido numerosos, pese a que en los últimos años el seguimiento de dicho Acuerdo ha caído en el olvido. Sin embargo sí se ha legislado en este sentido creando la Ley de Autoridad del Profesorado (Ley 8/2012 de 13 de diciembre) que concede principio de veracidad al profesor. Sabida es la posición contraria de FAPAR a esta Ley porque consideramos que el profesor tiene la autoridad moral que le confiere su profesión y no aporta nada relevante a la convivencia. Desde FAPAR considera fundamental:
• La derogación de la Ley de Autoridad del Profesorado.
• Se convoque la comisión de seguimiento de dicho Acuerdo con el fin de evaluar los pasos dados hasta el momento y el nivel de consecución de dicho Acuerdo.
• Primar la existencia de equipos de mediación como fórmulas ya reconocidas de mejora de la convivencia en los centros educativos.
• Impulsar el funcionamiento de la Asesoría de Convivencia del Departamento.
• Crear espacios de formación conjunta del profesorado y las familias en los centros.
Es fundamental una buena formación inicial y continua del profesorado, que incorpore a la formación académica y de contenidos la de formación en emociones y habilidades sociales.
FAPAR considera importante la autonomía de los centros, si bien ésta no puede suponer diferencias entre unos y otros.
Se precisa elaborar mecanismos rigurosos y efectivos de evaluación de los centros educativos sobre los rendimientos académicos, los programas que desarrollan, la participación de las familias, etc… que nada tienen que ver con las evaluaciones individualizadas y las “reválidas” que la LOMCE contempla.
La Administración Educativa debe seguir asumiendo que hay decisiones que sólo la competen a ella y que deben seguir aplicándose como garantes del equilibrio del propio sistema educativo en todo el territorio autonómico. Así, los tiempos, el calendario y la jornada escolar, deben seguir siendo competencia de la Administración que debe velar porque éstos contribuyan al éxito del alumnado. La educación es un servicio público y por tanto deben anteponerse y primarse siempre los intereses del alumnado a cualquier otro interés, sea laboral o de otra índole. Por tanto, ni los tiempos, ni el calendario, ni la jornada escolar pueden dejar de formar parte de la planificación educativa que debe ser común a todos.
La implantación por parte del Departamento de Educación de la jornada continua en un centro de nueva creación en Monzón ha supuesto que se reavivase la demanda de una parte de las familias y del profesorado sobre la posibilidad de elección del cambio de modelo de jornada en los centros. FAPAR sigue considerando que el modelo de jornada partida es el que mejor responde a criterios de equidad en los centros educativos y a un modelo de escuela participativa que defendemos. Por eso rechazamos esta decisión unilateral del Departamento al que demandamos, junto con cinco sindicatos de docentes, el imprescindible diálogo en lugar de la imposición, así como el cumplimiento de una serie de líneas que deben garantizarse en un posible proceso de cambio de modelo de jornada.
Reivindicamos una Escuela laica porque las enseñanzas de cualquier religión forman parte del ámbito privado y por lo tanto deben quedar fuera del horario lectivo.
En los últimos años, inmersos en una profunda crisis económica que hemos sufrido todos en mayor o menor medida, los servicios públicos han sido una diana fácil de brutales recortes. Así, el servicio público de la educación, ha sido uno de los más afectados, con disminución de presupuesto para profesorado, funcionamiento de los centros, programas y servicios, gasto social, nuevas infraestructuras, etc…
Plantear la educación en el sentido más amplio del término como un gasto, deriva en la aplicación de recortes. Para FAPAR la educación, es un pilar básico del Estado social previsto en nuestra Constitución y por tanto requiere inversión y desde ese punto de vista exigimos la recuperación de los niveles de inversión anteriores a la crisis que estaban en torno al 5% del PIB, para que se vean incrementados hasta alcanzar el 7% en los próximos años.
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